Aún más luces y que sombras sobre la protección constitucional del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios

Resumen

El texto aborda la situación de los pueblos indígenas u originarios en Perú, destacando que existen 55 de estos grupos en el país, representando el 6.9% de la población. A pesar de su contribución cultural, enfrentan discriminación estructural, pobreza y limitado acceso a servicios públicos. En los últimos 25 años, se han producido reformas constitucionales en América Latina, incluyendo Perú, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, influenciadas por tendencias internacionales y el Convenio N° 169 de la OIT. La Constitución de 1993 reconoció la naturaleza multicultural de la nación y otorgó un estatus legal a los pueblos indígenas. Sin embargo, la Constitución inicialmente conceptualizó la cuestión indígena como un problema agrario, y fue en 2002 cuando se les otorgó un estatus constitucional. Los pueblos indígenas han recurrido a la justicia constitucional en las últimas dos décadas para proteger sus derechos colectivos, utilizando procesos constitucionales como el amparo y la acción popular. Las sentencias del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han sido fundamentales en la protección de los derechos indígenas y en la interpretación de la consulta previa. Sin embargo, una decisión reciente del Tribunal Constitucional ha generado controversia al apartarse de la línea
jurisprudencial establecida sobre el Convenio N° 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa. El artículo propone analizar la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional en relación con la consulta previa, los efectos de la decisión reciente y los desafíos pendientes en la protección de este derecho, especialmente en comparación con las decisiones del Poder Judicial en asuntos constitucionales.