En el principio era la mesa

—No, ese no es tu lugar. La frase no fue dicha con dureza, sino con la tranquilidad de quien enuncia una evidencia natural, como si afirmara que el arroz va antes que el postre. —¿Por qué no? —pregunté, genuinamente intrigado, señalando una silla vacía, única de la casa con un mullido cojín de terciopelo y apoyabrazos cuya elección, a mis ojos infantiles, no tenía por qué ofender a nadie. Mi madre me miró con una mezcla de paciencia pedagógica y leve alarma, como si acabara de poner en duda una ley física. —Porque ahí se sienta tu abuelito. —Sí, pero él no se va a enojar si me siento. Silencio. Un silencio breve, pero denso. De esos que convocan refuerzos. Mi tía intervino desde el otro extremo de la mesa, sin levantar la voz: —Ese es el lugar principal. —¿Principal de qué? Ahora sí varias miradas se cruzaron. Mi hermano mayor carraspeó, gesto inequívoco de que el debate estaba escalando innecesariamente. —A ver —dijo él con tono conciliador—, el sillón es para quien tiene más autoridad. Alrededor nos acomodamos los demás. —¿Autoridad por qué? —insistí, ya con una curiosidad que empezaba a rozar la insolencia. —Autoridad sobre la familia. —Pero ¿y si le digo a mi abuelito? Mi madre señaló la silla central, como quien señala el eje de rotación del mundo. —Tu abuelito se sentará ahí. En ese momento comprendí dos cosas: primero, que había formulado demasiadas preguntas; segundo, que ninguna de ellas iba a ser respondida. No porque fueran difíciles, sino porque eran improcedentes. La conversación no estaba diseñada para justificar, sino para ordenar. —Siempre ha sido así —sentenció alguien, fórmula que clausura toda discusión con la eficacia de un argumento trascendental. Yo miré la mesa: un rectángulo de madera, varias sillas bien ubicadas alrededor, platos iguales, cubiertos simétricos. Nada parecía expresar la jerarquía que acababa de conocer. Sin embargo, allí estábamos, redistribuyendo cuerpos para que el poder pudiera verse. Finalmente cedí. Me senté donde me indicaron. No hubo aplausos, pero sí una calma generalizada; la satisfacción tácita de haber restablecido el orden correcto. La comida pudo comenzar. Años después entendería que aquella no fue una discusión trivial sobre protocolo familiar, sino una lección práctica —y eficaz— sobre cómo el poder se naturaliza, se espacializa y se aprende sin necesidad de ser nombrado. Yo no había perdido un debate: había sido correctamente socializado.

Con el tiempo comprendí que la cuestión no residía simplemente en que la persona que "manda más" se sentara en determinado lugar, ni que quien le siguiera en jerarquía ocupara el asiento contiguo. La pregunta verdaderamente relevante era otra: ¿por qué debe ser así? ¿Por qué el poder necesita hacerse visible mediante una disposición espacial específica?

Lo sustantivo, entonces, no radica en discutir cuál es el lugar correcto, sino en tomar conciencia de que estamos reproduciendo una concepción particular del poder, una creencia que se presenta como natural, pero que es histórica, relativa y aprendida. A partir de esa conciencia, se abre una interrogante más exigente: ¿por qué y cómo configuramos nuestras creencias sobre el poder de maneras que, por un lado, estructuran y sostienen la convivencia, pero, por otro, desarticulan, desmantelan o invisibilizan dimensiones fundamentales de la misma?

La reflexión crítica que motiva el texto que sigue se inscribe precisamente en esta preocupación. Más allá de lo anecdótico, buena parte del debate contemporáneo en torno a la reivindicación de los derechos de poblaciones históricamente vulneradas parece reproducir, a menudo sin advertirlo, esta misma pugna por una posición espacial dentro de un orden previamente establecido. Se lucha por ocupar un lugar, por sentarse en la mesa, sin cuestionar suficientemente si la lógica de esa mesa —sus jerarquías, sus centros y periferias— no está ya sustentada en creencias que, lejos de emancipar, continúan invalidando, invisibilizando o deslegitimando aspectos centrales de la verdadera reivindicación.

Introducción

¿De qué hablamos cuando hablamos de política? ¿De cargos, elecciones y reglas de competencia, o de la gestión cotidiana de la vida común? ¿Quién decide qué prácticas merecen ser reconocidas como políticas y cuáles quedan confinadas al terreno de lo social, lo comunitario o lo privado? Estas preguntas, que suelen permanecer implícitas en buena parte del debate contemporáneo, adquieren una densidad particular cuando se examinan desde una perspectiva feminista.

En los últimos años, América Latina ha sido escenario de un intenso proceso de reformas orientadas a ampliar la representación política de las mujeres. En ese contexto, Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina (Freidenberg et al., 2018) se presenta como una obra que ofrece un análisis comparado de los obstáculos, incentivos y arreglos institucionales que condicionan el acceso de las mujeres a la política formal en distintos niveles de gobierno.

Sin embargo, más allá de su aporte empírico, la obra invita —quizá de manera involuntaria— a una reflexión de segundo orden: no tanto sobre la situación de las mujeres en la política, sino sobre la concepción de lo político que estructura ese diagnóstico. Este ensayo parte de esa inquietud. No se propone evaluar la eficacia de las medidas analizadas ni discutir la pertinencia de las reformas recomendadas, sino interrogar el lenguaje político que las hace inteligibles y los efectos performativos que dicho lenguaje produce.

En este punto resulta relevante señalar que la obra referida se inscribe en una tradición normativamente comprometida con la paridad, la inclusión y la ampliación de derechos, y constituye un insumo indispensable para la discusión sobre cuotas, alternancia y financiamiento político en la región. Precisamente por ello su lectura ofrece una oportunidad privilegiada para examinar no solo lo que el texto afirma, sino aquello que traduce, normaliza y reproduce cuando delimita qué cuenta —y qué no— como política.

La pregunta que recorre estas páginas no es, entonces, cuántas mujeres acceden al poder, sino qué tipo de poder se reconoce como político, qué formas de agencia quedan fuera de ese reconocimiento y qué consecuencias tiene esa exclusión.

La política como dispositivo: representación, visibilidad y normalización

Pensar la política exclusivamente como un conjunto de cargos, reglas electorales y procedimientos de acceso al poder supone algo más que una delimitación analítica: implica una operación de normalización. No se trata solo de describir un ámbito de prácticas, sino de establecer qué formas de acción cuentan como políticas y cuáles quedan relegadas a esferas menos prestigiosas, menos visibles o directamente despolitizadas. La política, en este sentido, no aparece como un espacio neutral de competencia, sino como un dispositivo que organiza jerarquías de valor, define centros y periferias, y produce sujetos inteligibles dentro de un orden determinado.

Desde esta perspectiva, la cuestión de la representación femenina no puede reducirse a un problema de déficit cuantitativo. El interrogante no es únicamente cuántas mujeres acceden a los cargos, sino qué tipo de política es aquella a la que se accede y bajo qué condiciones simbólicas y materiales ese acceso es reconocido como legítimo. La insistencia en la elegibilidad —quién puede ser candidata, en qué lugar de la lista, con qué recursos— revela, simultáneamente, una estrategia de inclusión y una aceptación tácita de las reglas del juego que estructuran el campo político formal.

Aquí emerge una primera tensión. Las políticas de acción afirmativa, como las cuotas o la paridad, buscan corregir desigualdades históricas evidentes y persistentes; sin embargo, al hacerlo, operan dentro de una concepción específica de lo político: aquella que identifica el poder con el mandato, la autoridad con el cargo y la incidencia política con la ocupación de posiciones visibles en la estructura estatal. Esta concepción, profundamente arraigada en la modernidad liberal, ha demostrado ser eficaz para ampliar derechos, aunque no está exenta de ambigüedades.

El poder, como han señalado diversas tradiciones críticas, no se limita a los espacios donde se adoptan decisiones formales, sino que atraviesa cuerpos, discursos y prácticas cotidianas, y produce subjetividades y modos de relación que anteceden y exceden al Estado (Foucault, 2006). En este sentido, la política no comienza en el Parlamento ni concluye en las elecciones: se juega también en la organización del cuidado, en la distribución del tiempo, en la gestión de la vida cotidiana y en la definición de qué tareas son consideradas "naturales" y cuáles merecen reconocimiento público (Foucault, 1991; Tronto, 1993).

No obstante, una parte significativa del debate contemporáneo sobre mujeres y política parece operar bajo una lógica distinta: la de la visibilidad. Acceder al poder se concibe, ante todo, como ocupar un lugar que pueda ser visto, contado y medido. De allí la centralidad de los porcentajes, las listas, los distritos y los escaños. Esta lógica no es accidental, sino que responde a una gramática política que asocia existencia con reconocimiento público y legitimidad con presencia en el centro del escenario institucional.

El problema es que esta gramática dista de ser neutra. Al privilegiar ciertas formas de acción política, invisibiliza otras que han sido históricamente fundamentales para la reproducción de la vida social y que, paradójicamente, han estado protagonizadas mayoritariamente por mujeres. La gestión comunitaria, el trabajo de cuidado, la organización barrial, la provisión informal de bienes básicos y la sostenibilidad cotidiana de la vida han constituido, en contextos latinoamericanos marcados por la precariedad y la crisis, espacios centrales de acción política, aunque rara vez reconocidos como tales (Federici, 2013; Ong, 2006).

Desde esta óptica, la lucha por "sentarse a la mesa" adquiere un carácter ambivalente. Por un lado, desafía la exclusión y cuestiona la monopolización masculina de los espacios de decisión; por otro, corre el riesgo de reafirmar la centralidad de una mesa cuya lógica jerárquica permanece intacta. Se disputa el lugar, pero no necesariamente la forma de la mesa ni el criterio que organiza los asientos.

Este riesgo no es meramente teórico. Cuando la política se define de manera estrecha, la inclusión puede operar como una forma de asimilación antes que de transformación. Las mujeres acceden, pero lo hacen bajo condiciones que exigen la adaptación a códigos, temporalidades y estilos de liderazgo históricamente masculinizados. El éxito político se mide entonces en términos de capacidad para jugar el juego existente, más que por la posibilidad de redefinirlo (Butler, 1997; Fraser, 2008).

Desde una perspectiva feminista crítica, esta constatación plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando la ampliación de derechos se articula sin una revisión profunda de los conceptos que organizan el campo político? ¿Hasta qué punto una política de la representación puede convertirse, involuntariamente, en una política de la normalización?

Lejos de invalidar las luchas por la paridad o el acceso institucional, esta interrogante invita a complejizarlas. No se trata de oponer política formal y política cotidiana, ni de desestimar la importancia de los cargos electivos, sino de reconocer que la definición misma de lo político constituye un terreno de disputa. Una disputa que no se agota en el número de mujeres electas, sino que atraviesa el lenguaje, los marcos conceptuales y los criterios de legitimidad que estructuran nuestra comprensión del poder.

Desde este ángulo, el valor de una obra como Mujeres en la política no reside únicamente en lo que muestra, sino también en aquello que deja fuera de campo. Su énfasis en las reglas de acceso, los incentivos institucionales y la competencia electoral permite visibilizar desigualdades concretas, pero al mismo tiempo reproduce una concepción de la política que privilegia la elegibilidad por sobre otras formas de agencia. Precisamente allí se abre el espacio para una crítica productiva: no contra el libro, sino a partir de él.

Más allá de la mesa: política, cuidado y agencia feminista en América Latina

Si la política institucional aparece como una mesa con lugares jerarquizados, centros visibles y periferias silenciosas, cabe preguntarse qué ocurre con todas aquellas prácticas que sostienen la vida colectiva sin ocupar nunca un asiento en ella. En América Latina, esta pregunta no es meramente teórica. En contextos atravesados por crisis económicas recurrentes, precarización del trabajo y debilitamiento de las capacidades estatales, una parte sustantiva de la gobernanza cotidiana ha recaído —y continúa recayendo— en formas de organización no partidarias, comunitarias y mayoritariamente feminizadas.

Comedores populares, ollas comunes, redes de cuidado barrial, organizaciones vecinales, iniciativas educativas autogestionadas y economías solidarias han funcionado, en muchos casos, como auténticos dispositivos de regulación social. No solo distribuyen recursos escasos, sino que administran conflictos, establecen prioridades, definen criterios de justicia práctica y sostienen vínculos comunitarios allí donde el Estado llega de manera intermitente o no llega en absoluto. Sin embargo, estas prácticas rara vez son nombradas como políticas en sentido pleno. Se las reconoce como sociales, solidarias o asistenciales, pero difícilmente como ejercicios legítimos de poder.

Esta exclusión no es contingente. Responde a una concepción de lo político que privilegia la decisión soberana sobre la gestión de la vida, el acto excepcional sobre la continuidad cotidiana, el mando visible sobre el trabajo relacional. Bajo esta gramática, cuidar no gobierna, sostener no decide, reproducir no transforma. El resultado es una paradoja persistente: prácticas fundamentales para la supervivencia colectiva quedan simbólicamente subordinadas, incluso cuando su impacto material resulta mayor que el de muchas decisiones formales adoptadas en espacios institucionales (Tronto, 1993; Federici, 2013).

Desde una perspectiva feminista, esta paradoja ha sido ampliamente problematizada. No porque el cuidado sea intrínsecamente emancipador, sino porque su despolitización ha sido una condición de posibilidad de la organización moderna del poder. Nombrar el cuidado como "natural", "femenino" o "privado" ha permitido descargar sobre determinados cuerpos responsabilidades colectivas sin otorgarles reconocimiento ni capacidad de decisión. En este sentido, el problema no es que las mujeres hayan estado "fuera" de la política, sino que una parte sustantiva de su acción política haya sido sistemáticamente redefinida como otra cosa: labor social, trabajo comunitario, asistencia o extensión de lo doméstico.

De forma más incómoda, esta redefinición no ha operado únicamente desde discursos conservadores o abiertamente patriarcales, sino también desde ciertos marcos feministas que, al disputar el acceso de las mujeres a la política, han aceptado sin mayor cuestionamiento la definición dominante de lo político como espacio de mando, competencia, visibilidad y decisión soberana. Desde esta perspectiva, la lucha de algunos feminismos tiende a orientarse menos a la transformación de la gramática del poder que a su ocupación y resignificación desde dentro. El objetivo pasa a ser garantizar las condiciones de inclusión necesarias para acceder al centro de la mesa, a los cargos y al régimen de principalidad que estructura el campo político moderno.

Este desplazamiento deja intacta una operación conceptual más profunda: aquella que define qué prácticas cuentan como políticas y cuáles quedan relegadas al estatuto de lo secundario, lo derivado o lo prepolítico. Aquí emerge una pregunta crítica ineludible: ¿quién y por qué ha canonizado que el poder político sea entendido casi exclusivamente como ejercicio de autoridad centralizada, mientras que el cuidado —condición material y simbólica de posibilidad de toda vida común— es leído como práctica subordinada, feminizada y políticamente irrelevante? Y, más aún, ¿por qué la emancipación continúa pensándose como una fuga de aquellas prácticas históricamente asociadas a lo femenino, en lugar de una rearticulación radical de su valor político?

Desde este ángulo, no resulta casual que experiencias históricas de organización comunitaria y sostenimiento de la vida —redes de cuidado, comedores populares, economías solidarias o prácticas educativas de base, muchas de ellas lideradas por mujeres— sean reconocidas como "sociales" o "asistenciales", pero raramente como políticas en sentido pleno. No se trata de un olvido empírico, sino de una operación conceptual: estas prácticas desbordan la definición canónica de lo político y, por ello, deben ser traducidas a un lenguaje menor.

La paradoja se vuelve entonces evidente. En la medida en que ciertos feminismos luchan por ampliar la presencia de las mujeres en la política institucional, pueden terminar reforzando una concepción de poder profundamente jerárquica y masculinizada, que exige demostrar capacidad de mando antes que capacidad de sostener lo común. El cuidado no aparece como potencia política, sino como un lastre del que habría que desprenderse para acceder a la escena legítima del poder.

La consecuencia de este desplazamiento semántico es profunda. Al restringir lo político a la esfera de la representación formal, se produce una jerarquía entre formas de agencia: algunas cuentan, otras sostienen; algunas deciden, otras ejecutan; algunas gobiernan, otras cuidan. Esta división no solo organiza el campo político, sino que reproduce una economía moral del poder que asigna valor diferencial a las prácticas según su grado de visibilidad institucional.

Aunque es cierto que la representación formal puede constituir una instancia de valor transformador y que la apelación a la necesidad de transformar "desde dentro" resulta atendible, cuando la permanencia en esa gramática deja de concebirse como un momento estratégico y pasa a operar como criterio de legitimidad política, la crítica corre el riesgo de devenir una política de adaptación antes que de transformación. Como recuerdan Butler (1997) y Fraser (2008), toda crítica al poder es necesariamente inmanente, pero no por ello equivale a una transformación de sus marcos de inteligibilidad. La ambigüedad y la incertidumbre no caracterizan únicamente al poder tal como suele concebirse, sino que atraviesan también a sus críticas situadas, formuladas desde los mismos marcos que buscan interrogar.

En el contexto latinoamericano, esta lógica adquiere rasgos específicos. La historia de reformas estructurales, ajustes económicos y retracción estatal ha configurado escenarios en los que la supervivencia colectiva depende, en gran medida, de arreglos informales y redes comunitarias. En esos espacios, las mujeres no solo participan: lideran, coordinan, negocian y gestionan. Sin embargo, ese liderazgo rara vez se traduce en capital político transferible al ámbito institucional, no por falta de relevancia, sino porque opera en un registro que la gramática política dominante no reconoce como legítimo (Ong, 2006; Segato, 2016).

Aquí emerge una segunda tensión crítica. Las políticas orientadas a incrementar la representación femenina en cargos electivos parten, con frecuencia, del supuesto de que el problema central es el acceso. Pero ¿qué ocurre cuando ese acceso exige dejar fuera —o al menos suspender— las prácticas y saberes construidos en otros espacios de acción política? ¿Qué se pierde cuando la única forma legítima de incidencia pasa por la adaptación a lógicas institucionales históricamente ajenas, cuando no hostiles, a esas experiencias?

Esta pregunta no busca idealizar la política comunitaria ni oponerla románticamente a la política institucional. Las organizaciones de base también reproducen jerarquías, exclusiones y relaciones de poder problemáticas. Reconocer estos límites no implica negar su carácter político. Por el contrario, implica asumir que el poder no se ejerce únicamente donde se legisla, sino también donde se organiza la vida.

Desde este enfoque, el desafío no consiste solo en incorporar más mujeres a la política existente, sino en ampliar los marcos desde los cuales definimos qué cuenta como política. Esto supone desplazar la mirada desde la elegibilidad hacia la agencia, desde el cargo hacia la práctica, desde la representación hacia la reproducción social. Un desplazamiento que no invalida la lucha por la paridad, pero la inscribe en un horizonte más amplio y potencialmente más transformador.

Así, la pregunta inicial —¿más mujeres en la política?— se reformula. No se trata únicamente de cuántas mujeres logran sentarse a la mesa, sino de qué otras mesas han sido históricamente ignoradas, quiénes las han sostenido y por qué sus formas de poder continúan siendo consideradas secundarias. Solo a partir de esta ampliación conceptual resulta posible pensar una política feminista que no se limite a redistribuir lugares dentro de un orden dado, sino que interrogue las condiciones mismas bajo las cuales ese orden se presenta como natural.

Reformular la noción de lo político: entre representación, performatividad y transformación

En el campo del conocimiento, los hallazgos son más horizontes que metas. Conocer no implica adoptar una posición de clausura ni de superioridad epistemológica, sino asumir una perspectiva analítica que permite tomar distancia de aquello que, desde la inmediatez experiencial, aparece como orden natural. Así pues, hecho este recorrido y evocando la analogía inicial, se observa que la mesa deja de presentarse como el centro incuestionable de la vida política y se revela como uno entre múltiples dispositivos a través de los cuales el poder se organiza, se visibiliza y se legitima. Lo que se percibe como necesidad o sentido común aparece como una arquitectura histórica, contingente y, por ello mismo, transformable.

A lo largo de estas páginas, el libro Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina ha funcionado menos como objeto de evaluación que como punto de apoyo crítico. Su fortaleza empírica y su claridad normativa permiten observar con nitidez una operación más amplia: la manera en que una concepción específica de lo político estructura el diagnóstico, delimita los problemas relevantes y orienta las soluciones imaginables. No se trata de un límite atribuible al libro, sino de una tensión constitutiva del campo en el que se inscribe.

Desde este punto de observación, la pregunta por la representación adquiere otro espesor. Las políticas de cuotas, paridad y alternancia no son únicamente instrumentos técnicos destinados a corregir desigualdades, sino también actos performativos: al establecer quién debe estar, dónde y en qué proporción, producen una imagen particular de la política y de sus sujetos legítimos. Hacen visible una exclusión históricamente negada, pero al mismo tiempo refuerzan la centralidad de un escenario específico como lugar privilegiado del poder y estabilizan las condiciones bajo las cuales ese escenario resulta inteligible como político.

Esto no implica desconocer la importancia de la representación institucional. En contextos de exclusión sistemática, disputar el acceso a los espacios de decisión formal constituye una estrategia necesaria y, en muchos casos, urgente. El problema emerge cuando dicha estrategia se transforma en horizonte único, cuando la política feminista queda capturada por una lógica de elegibilidad que mide el avance en función de asientos ocupados sin interrogar suficientemente el significado del mobiliario.

Desde una mirada más amplia, lo que está en juego no es solo quién ocupa el poder, sino qué se entiende por poder. Si este se concibe exclusivamente como mando, autoridad formal y capacidad de decisión soberana, la ampliación de derechos solo puede pensarse como inclusión dentro de un orden previamente dado. Pero si el poder se reconoce también como capacidad de sostener, organizar, cuidar y reproducir la vida colectiva, entonces el mapa político se reconfigura de manera sustantiva.

Este desplazamiento conceptual permite comprender por qué tantas prácticas protagonizadas por mujeres en América Latina han sido, al mismo tiempo, indispensables e invisibles. No por carecer de impacto político, sino porque operan en registros que desbordan la gramática dominante de lo político. Desde esta óptica, la exclusión no es solo una cuestión de acceso, sino de reconocimiento: no se trata únicamente de quién entra, sino de qué prácticas cuentan como entrada legítima.

Mirar desde la reflexión crítica permite, además, advertir un riesgo paradójico. Una crítica feminista que no revisa los conceptos que emplea puede terminar reforzando, sin proponérselo, los mismos dispositivos de poder que busca cuestionar. Cuando la emancipación se formula exclusivamente en los términos del orden existente, corre el riesgo de devenir una política de normalización: más cuerpos en la mesa, pero la misma mesa; más voces, pero el mismo lenguaje; más presencia, pero las mismas jerarquías.

Frente a este riesgo, la propuesta que se perfila no es abandonar la lucha por la representación, sino descentrarla. Pensar la política feminista no solo como una política de acceso, sino como una política de redefinición: redefinición de lo político, de lo valioso, de lo visible y de lo gobernable. Esto supone sostener una tensión productiva entre la intervención institucional y la ampliación conceptual, entre la disputa por los cargos y la transformación de los marcos que les otorgan sentido.

Desde aquí, la pregunta inicial se reformula por última vez. No se trata solo de si necesitamos más mujeres en la política, sino de si estamos dispuestos a transformar aquello que llamamos política para que las múltiples formas de agencia que ya existen no tengan que traducirse, adaptarse o perderse para ser reconocidas. Tal vez el desafío más profundo no consista en redistribuir los lugares en la mesa, sino en atrevernos a imaginar —y practicar— otros modos de organizar el espacio común.

Solo entonces la crítica deja de ser una objeción externa y se convierte en una apuesta: no por ocupar mejor el orden existente, sino por abrir las condiciones de posibilidad de otro que supere sus aporías y redimensione sus búsquedas genuinas.