Importancia del análisis de las economías ilegales.

Las denominadas economías ilegales están en un momento álgido, pues están adquiriendo mayor notoriedad y visibilidad dentro de espacios políticos, sociales, académicos, entre otros. Dicha notoriedad y visibilidad también se ven reflejadas en las estadísticas, las cuales indican una alarmante alza en los índices de violencia, criminalidad y daños al medio ambiente. Asimismo, es necesario señalar que, si bien desde el Estado se cuenta con respuestas para poder regularizar estas economías ilegales, estas herramientas (leyes, normativas, protocolos, mecanismos y demás estrategias) terminan sin los efectos deseados. Esto se debe a diversos motivos como la ausencia de un trabajo intersectorial y transversal, la falta de presupuesto, las leyes (contradictorias) aprobadas —en su mayoría— por el Legislativo, la ausencia del tema en agenda de discusión, etc. En otras palabras, sí hay estrategias para combatir las economías ilegales, pero se deben perfeccionar y buscar el trabajo articulado, lo que evitaría acciones ineficaces y, por ende, facilitaría a las economías ilegales su libre expansión.

Pero, ¿qué son las economías ilegales? En líneas generales, son un conjunto de actividades que se desarrollan burlando el marco legal y normativo. Estas actividades encadenan un conjunto de distintos factores, los cuales son: corrupción, crimen organizado, contaminación medioambiental, tráfico de personas, entre otros. Entre las economías ilegales más resaltantes y significativas En el Perú se encuentran el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la tala ilegal. Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos – IEP (2019), el 87% de los encuestados considera que las economías ilegales han contribuido al crecimiento económico de sus regiones, sobre todo el narcotráfico y la minería ilegal como las dos primeras actividades con mayor contribución. En términos económicos, en el año 2023, el conjunto de economías ilegales generó aproximadamente US$ 10.000 millones, lo que representa cerca del 4% del producto bruto interno (PBI), superando a otros sectores y/o actividades económicas. De manera detallada, se puede precisar lo siguiente que la minería ilegal genera US$ 5.000 millones (RCR, 2024) aproximadamente, mientras que el narcotráfico cuenta con una expansión del 70% de áreas ilícitas de cultivo de hoja de coca (Instituto Peruano de Economía – IPE 2024).

No obstante, los efectos de las economías ilegales van más allá de la dimensión económica; abordan también la dimensión política, tienen un efecto negativo para la gobernanza y las instituciones. Además, cuenta con una dimensión social, lo cual genera violencia y modifica el tejido social. Asimismo, las economías ilegales llegan a realizar profundas transformaciones multidimensionales en aquellas zonas donde realiza sus actividades: se posicionan en zonas donde el Estado difícilmente está presente (las denominadas zonas grises y/o “tierras de no ley”), modifican el entorno económico y social, posicionando la actividad económica ilegal como la oferta laboral más atractiva (por su rentabilidad) y empiezan a tejer aliados en la sociedad civil como también en gobiernos locales, lo cual conduce a la corrupción. Con respecto a la criminalidad, esta se robustece con aquellas personas o grupos que controlan las economías ilegales y las zonas donde se realizan, por ejemplo, minería ilegal controlada por grupos de personas que, a su vez, fomentan la trata de personas y el tráfico ilegal de armas. Lo mismo sucede con el narcotráfico; por ejemplo, el grupo Quispe-Palomino retrata la violencia y criminalidad que trae consigo el cultivo ilegal de la hoja de coca. Sobre las apreciaciones que tiene la sociedad sobre la corrupción y violencia, una encuesta del IPE (2017) brinda estadísticas a resaltar: 63% de peruanos considera que las actividades [económicas] ilícitas generan corrupción, violencia e inseguridad; también, el 59% cree que al menos la mitad de funcionarios públicos de los gobiernos regionales están involucrados en dichas actividades.

Dentro de este complejo panorama descrito, se debe precisar que la minería ilegal la actividad económica ilegal tiene mayor predominancia en la actualidad. A raíz de su rápida expansión y sus varios impactos negativos en varias dimensiones, la minería ilegal se posiciona en el centro del presente ensayo debido a su comprensión como caso crucial, concreto y en auge para observar cómo funcionan las dinámicas de las economías ilegales. La minería ilegal supera al narcotráfico y a la tala ilegal, pero resulta interesante el ejercicio de comprender qué prácticas ha adquirido de estas otras economías ilegales en su disputa en seguir accionando en un marco extralegal, burlando al Estado; es decir, cómo se nutre de las experiencias de otras economías ilegales. Por ende, la minería ilegal, como un fenómeno con ascendente y alarmante notoriedad dentro del marco de economías ilegales, será analizada desde los impactos que tienen en el país a fin de poner al descubierto la imperiosa necesidad de generar espacios para discusión, investigaciones, pero, sobre todo, visibilizar un fenómeno complejo que está latente allí donde el Estado parece no estar presente. En ese sentido, el presente ensayo tiene como objetivo argumentar que la minería ilegal genera significativos impactos negativos ambientales, sociales y políticos en el Perú, lo cual evidencia una falta de un trabajo estatal eficaz y articulado para el abordaje de la problemática de la minería ilegal.

Sin embargo, antes de ahondar en la minería ilegal y sus efectos, es necesario explicar el fenómeno del narcotráfico en el Perú, quizá su principal “predecesora” como economía ilegal del país y fuente de aprendizaje.

El narcotráfico en el Perú durante las décadas de 1980 y 1990

Es necesario entender el narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, no solo por el consumo de drogas, sino también por la delincuencia asociada, por los enfrentamientos entre militares y cárteles de la droga, y entre los mismos cárteles; a estos peligros vinculados, se debe añadir la corrupción (Ramírez & Guillén, 2010). El tráfico de drogas afecta a las instituciones políticas e incluso desafía al mismo Estado. El grado de corrupción y violencia que el narcotráfico genera en muchos países es muy alto (Chabat, 1999, como se cita en Ramírez & Guillén, 2010).

En Perú, durante la década de 1980 y 1990, se evidenció una marcada predominancia del narcotráfico como economía ilegal, marcada por una gran corrupción (evidenciada) entre los altos funcionarios del régimen Fujimori-Montesinos. En primer lugar, se halló cocaína en el avión presidencial, “que estaba a punto de dar un vuelo secreto, sin tener el permiso de salida de las autoridades aeroportuarias ni el registro de embarque, aparte de la “autorización” del entonces presidente Alberto Fujimori” (Bermúdez & Sierra, 2021, p. 277). En dicho avión se halló un cargamento de

170 kilos de cocaína [el cual] fue localizado en el avión de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), de clase y matrícula DC8-62F N.º 371, que tenía previsto desarrollar un “vuelo secreto” rumbo a Rusia para “llevar motores y equipos bélicos necesitados de mantenimiento (Dammert, 2001, como se cita en Bermúdez & Sierra, 2021).

En segundo lugar, “el control, por parte de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, de vuelos ilícitos dirigidos por el narcotráfico” (p. 277). Tras ser capturado, Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera (el principal narcotraficante del Perú) comentó que “Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori eran quienes controlaban los vuelos ilícitos de las zonas de producción cocalera hacia el extranjero a cambio de un pago mensual de US$ 50 000 entre 1991 y 1992” (Marcus-Delgado & Tanaka, 2001, como se cita en Bermúdez & Sierra, 2021).

Como se demuestra, el nivel de corrupción era grave, añadiéndole la compra de jueces y fiscales, y persiguiendo a aquellos que denunciaban tales hechos de corrupción. Como lo señala Navarro (2004), “se compró voluntades funcionales y de gestión (…) haciendo participar en negocios ilícitos a militares, (…) intimidando o castigando a los que se atrevían a denunciar, (…) controlando los medios de comunicación” (pp. 31-32). En los últimos años, han surgido noticias dejando la duda sobre si aún se mantiene el nexo entre política y narcotráfico, a partir de los casos de Kenji Fujimori y la cocaína hallada en un almacén de su empresa (DW, 2013) y Joaquín Ramírez investigado por narcotráfico (Castilla y Cruz, 2016).

Describir el panorama de lo que fue el narcotráfico en el Perú, durante su época de máximo apogeo, permite entender los niveles que alcanzó. En un contexto donde el foco estaba en la lucha contrasubversiva, por un lado, la población aplaudía los resultados positivos que reportaba el gobierno y las fuerzas armadas, lo cual daba un gran respaldo y legitimidad al gobierno de turno; por otro lado, dicho respaldo y legitimidad de la ciudadanía hacia el gobierno pasaba por alto y/o no visibilizaba aquella corrupción que buscaba silenciar a quienes denunciaban las irregularidades, que compraba y sobornaba a los medios y que normalizaba actividades ilícitas que realizaba el gobierno. Finalmente, es verdad que el narcotráfico es la actividad ilegal de mayor poderío económico y político; sin embargo, actualmente el Perú está viviendo el auge y predominancia de la minería ilegal, la cual ha aprendido mucho de las tácticas y estrategias del narcotráfico.

Minería ilegal en el Perú

El rubro minero ha conseguido mayor protagonismo dentro de la dinámica económica del país. Las grandes empresas mineras han puesto los ojos sobre los recursos que posee el país, puesto que, debido a la riqueza mineral, la minería resulta una actividad sumamente rentable. El Perú, “en 2020, (…) era el segundo productor mundial de cobre y plata, el tercero de zinc, el cuarto de plomo, estaño, molibdeno y andalucita-cianita, el quinto de diatomita y el octavo productor de oro” (Ministerio de Energía y Minas – Minem, 2021, como se cita en Castro et. al, 2022, p. 12).

También —como señala el Minem (2024)—, la minería, como subsector, generó 1.312 millones de soles por el concepto de ingresos tributarios recaudados por la Sunat, con una variación positiva de 46,5% respecto a enero de 2023 (p. 22). Finalmente, el aporte de la minería al producto bruto interno (PBI) fue de 10,4% en 2023 (Domínguez, 2024). Por otro lado, la mayor producción minera metálica del Perú es el oro (p. 8); asimismo, es uno de los principales productos mineros con una variación positiva en su cotización (p. 19). Dicho escenario también es aprovechado por todo aquello que no se catalogue como “gran minería y minería formal”; es decir, la mediana y pequeña minería, la minería artesanal y la minería informal también son el resultado de la rentabilidad de dicho sector, y de la sostenida alza de precios de los metales tales como el cobre, plata u oro.

Precisamente, la minería ilegal (e informal) no ha sido tan revisada y/o estudiada desde el mundo académico, a comparación de la gran minería formal. La minería ilegal tiene sus propios efectos en lo social, económico, ambiental, entre otros; y resulta necesario abordar dichos efectos y las dinámicas en zonas donde se desarrolla este tipo de minería.

En primer lugar, el término “minería ilegal” es empleado en el año 2010, a raíz de la problemática de la minería ilegal en Madre de Dios, en el Decreto de Urgencia N° 012-2010. Posteriormente, en el año 2012, desde el Decreto Legislativo N° 1105 —distinguiéndola de la minería informal— se define a la minería ilegal como una actividad

ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio.

Asimismo, minería ilegal es también toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera. Debemos señalar también que la actividad minera ilegal está presente en casi todas las regiones del Perú (en 21 de las 25 regiones), con una destaca presencia en Madre de Dios, Ucayali y La Libertad. Respecto a la producción, se le denomina Producción aluvial y lavaderos, “diferenciándola así de la producción de las pocas empresas formales que en ese entonces operaban en la minería aurífera nacional” (Torres, 2015, p. 26). Además, como señala Torres, el estimado de volumen de oro producido —desde la minería ilegal— guardaba estrecha relación con el oro exportado, desde el año 1998 hasta el año 2007, fecha en la que el volumen de oro exportado marcó una notable alza. En ese sentido, rescato la interesante pregunta de Torres: ¿de dónde provino el oro que se exportó, pero cuya producción no figura en los registros oficiales del Minem? (p. 30)

Hasta el momento hemos visto el aspecto económico de la minería ilegal, señalando sus números, su presencia en gran parte del territorio nacional y una implícita especulación del dinero generado a partir del oro exportado, procesado desde la ilegalidad. Esto sirve para evidenciar que este fenómeno no es ni pequeño, ni lejano, ni inexistente; asimismo, hay una gran cantidad de recursos —principalmente económicos y humanos— detrás de toda esta maquinaria. Pero la situación se torna realmente preocupante y llega a desbordarse incluso desde otros aspectos: social, ambiental y político. Todo ello merece un análisis integral para comprender la magnitud de lo que realmente implica la minería ilegal en el Perú. Es preciso señalar que, si bien los casos no son los mismos a lo largo del país, por lo que respecta a su geografía o modalidad, tiene consecuencias parecidas. Por ello, cabe mencionar algunos centros mineros ilegales: Tambo Grande, Las Lomas, Suyo (Piura), Pataz (La Libertad), el río Nanay (Ucayali), La Pampa (Madre de Dios) o La Rinconada (Puno); siempre se hallará un patrón similar en sus impactos.

Impacto social

El impacto social es la inseguridad y violencia. El desarrollo de este tipo de actividades en zonas alejadas de las ciudades principales y de difícil acceso genera un ambiente propicio para el homicidio y sicariato, delitos que gozan de impunidad. Por ejemplo, como señalan Valdés et. al. (2019), la tasa anual de homicidios en Madre de Dios en 2017 era de 7,8 muertes por cada 100 mil habitantes; justamente, en Madre de Dios, el primer lugar era Tambopata – donde su ubica La Pampa – con una tasa de 58,6 por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, desde la reciente noticia del 4 de mayo de 2025, se reportó a 13 mineros muertos, que habían sido secuestrados en Pataz, por mineros ilegales en complicidad con criminales (BBC, 2025). La inseguridad y la violencia ligadas a este problema se replican en todos los centros mineros ilegales, con asesinatos presuntamente orquestados por mineros ilegales. Así, por ejemplo, en Tambopata, se registró los asesinatos de Alfredo Vracko Neuenschwander (2015), Roberto Carlos Pacheco Villanueva (2020) y Juan Julio Fernández Hanco (2022), así como del defensor ambiental de Suyo, Wildelber Vegas Torres (2019). Al igual que estos asesinatos, se le deben sumar los actos de hostigamientos y amenazas que sufren los defensores ambientales, realizándose particularmente en zonas donde hay tensiones entre minería ilegal y comunidades indígenas u originarias, emergiendo la figura opositora y de resistencia del defensor o defensora ambiental (quienes se enfrentan a la minería ilegal y su aparato de violencia y represión, pero también a la ausencia de un Estado que garantice su protección y el libre desarrollo de sus funciones de defensores)

Esta violencia también está presente en zonas fronterizas. Por ejemplo, Zárate (2017) advierte el caso de la frontera amazónica de Brasil, Colombia y Perú, mediante un recuento histórico de la explotación de estas zonas como yacimientos de materias prima. Al respecto, señala que

[la] frontera amazónica sigue siendo el escenario de nuevas modalidades de ingobernabilidad, inseguridad, conflictividad y violencia, al ser el lugar del saqueo, la extracción y tránsito de recursos naturales forestales y del subsuelo que se realizan sin mayor control a lo largo de los ríos fronterizos o el espacio de realización de actividades económicas ilegales e informales que han continuado y se han agudizado en las últimas décadas (p. 115).

Asimismo, los grupos criminales asociados a la minería ilegal, también son transfronterizos. Raphael Hoetmer, investigador y autor sobre derechos humanos, movimientos sociales y extractivismo en América Latina, advierte la marcada presencia del crimen organizado en zonas de minería ilegal. Mediante una entrevista con Delfino (2025), Hoetmer comenta que hay una tendencia en zonas de minería ilegal respecto a la criminalidad: “hay más armas, hay más violencia, hay más control y más involucramiento de los grupos del crimen organizado”, así como también menciona a algunas organizaciones criminales: los Comandos de Frontera (Colombia, Ecuador y Perú), el Comando Vermelho (Brasil, Colombia y Perú), Los Lobos (Ecuador y Perú) y el Ejército de Liberación Nacional (Colombia, pero también Venezuela). A ello podemos señalar el caso reciente de Pataz, según investigaciones, organizaciones criminales como Los Pulpos, La Gran Familia y el Tren de Aragua, los cuales “ya participaban directamente en la extracción y controlaban rutas, plantas de procesamiento y corredores de salida” (Angulo, 2025).

También están los impactos en lo sociocultural, relacionado a las costumbres y el tejido social de las zonas donde se desarrolla la minería ilegal. Al respecto, se puede señalar la pérdida de la identidad étnica de los pueblos nativos; amenazas a la cohesión social, lo que genera conflictos sociales; y el surgimiento de asentamientos humanos precarios (Aragón & Ruiz, 2024). Se producen cambios significativos en el entorno sociocultural: llegan grupos poblaciones migrantes; la actividad económica predominante (como agricultura o ganadería) es reemplazada por la lucrativa minería; también se comienza con la trata de personas y la explotación sexual. La minería ilegal modifica casi por completo el panorama alrededor.

En conclusión, desde la dimensión de lo social, los impactos son varios. Entre ellos encontramos y señalamos el impacto que supone a la seguridad de las comunidades, la expansión del crimen organizado asociado a la minería ilegal, que es muchas veces controlado por organizaciones criminales de carácter transnacional. Esto se ha evidenciado a través de acciones de hostigamiento a comunidades nativas, pero también actividades de sicariato y asesinatos a líderes y lideresas indígenas. Por otro lado, se ha señalado el proceso de reconfiguración el cual atraviesan, de manera forzosa, las comunidades nativas y zonas adyacentes donde se realiza la actividad minera; también, por lo lucrativa que resulta, la minería ilegal convoca a grandes números de personas, lo cual modifica el tejido social y las actividades económicas predominantes en determinadas localidades, o el surgimiento de asentamiento precarios, así como también trae consigo otras actividades ilícitas como la trata de personas. Sin duda, hay otros impactos como la explotación laboral, proliferación de enfermedades y contaminación de personas. Estos impactos son numerosos y deben ser analizados comprendiendo su convergencia.

Impacto ambiental

Para los impactos ambientales que trae consigo la minería ilegal, el panorama tampoco es alentador. La minería ilegal está contaminando el medio ambiente e intoxicando a las personas a su alrededor. Como se ha podido ver, los impactos ambientales convergen en cierto punto con los impactos sociales.

Sin importar la modalidad de socavón o aurífera, la minería ilegal está generando daños irreversibles al medio ambiente, como la contaminación y deforestación. Hay deforestación de los bosques (lo cual también termina siendo tala ilegal); contaminación de cuerpos de ríos a través del mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros; y la erosión de las orillas que enturbian el agua de los ríos y que afecta la pesca (Aragón & Ruiz, 2024). Aquí se debe hacer una mención especial a las dragas, en el caso de minería aurífera, las cuales son maquinarias que se utilizan para excavar y extraer material del fondo de cuerpos de agua; ya sean en su tipo mecánica o hidráulica, las dragas son causantes de contaminación y alteración de los cuerpos de agua. Entre otras consecuencias, las dragas ocasionan pérdida del cauce, corte de meandro; desbordes e inundaciones; sedimentación y colmatación; pérdida de hábitats acuáticos; e interrupción de procesos ecológicos (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA, 2016), y también la alteración del paisaje y de la calidad del agua (de los ríos, la cual es de consumo humano en algunas localidades).

Con respecto al caso específico de la minería ilegal de tipo aurífera aluvial (extracción del oro a través de los ríos), la preocupación es la misma. En ese sentido, un informe del Ministerio del Ambiente señala la importancia y los daños irreversibles de la minería aurífera en Madre de Dios (Brack et al., 2011). Solo la minería ilegal aurífera genera los siguientes problemas ambientales: destrucción de bosques; destrucción de tierras agrícolas aluviales; alteración de cauces de los ríos; destrucción de la vegetación ribereña; y contaminación por mercurio. Haciendo hincapié en la contaminación por mercurio, Velásquez (2020) señala que:

En la minería aurífera ilegal no se hace buen uso del mercurio y cianuro, generando impactos negativos. (…) El principal problema ambiental es la contaminación por mercurio. Además, que afecta a la salud de los trabajadores y el entorno. Usar el mercurio irresponsablemente, genera un cambio a los ríos y lagos (p. 232).

Para concluir, el impacto ambiental resulta igual de alarmante que los otros impactos. La minería no está exenta de cometer actos que atenten contra el medio ambiente, pero mientras la minería legal y formal se desarrolla en el marco de tratados y convenios que regulan su accionar, la minería ilegal no. La minería ilegal está generando severos daños al medio ambiente, a las comunidades indígenas u originarias que allí habitan y produce una alteración en el ecosistema, que es parte del vínculo tradicional y propio de estas comunidades con ríos, lagos, y demás. En este aspecto, los grandes responsables son el uso del mercurio y las dragas; por otro lado, las lagunas sufren daños irreparables, en muchos casos de minería de tajo abierto o de socavón. Otro caso es el de La Rinconada, sin laguna ni ríos, pero con un alarmante nivel de contaminación y daño medioambiental. Para concluir esta sección, no es descabellado afirmar que “la minería mata”: hay niños con plomo en los pulmones, grupos enteros de personas que se alimentan, por ejemplo, de peces con mercurio, y esto sin mencionar la alteración de ríos y lagunas.

Impacto político

En esta tríada de impactos de la minería ilegal, hay también un impacto político. Como toda economía ilícita, la minería ilegal tiene, como particular necesidad, desarrollarse en un espacio donde el Estado esté poco presente, o que simplemente no esté presente. Para comprender la figura de un Estado ausente o —en el peor de los casos— que “no ve”, Pedraglio (2014) señala lo siguiente:

La economía ilegal paga por mantener fuera al Estado, sea induciendo a que “no vea” o capturándolo parcialmente en los ámbitos que comprometen su actuación, con el fin de lograr, para con ella, un papel de protector o aliado. La esencia de sus negocios ilegales ocurre entre privados: un privado que produce, un privado que comercializa o traslada y un privado final que compra y consume. Esta es la clave de sus transacciones, de sus vínculos, de sus utilidades.

La minería ilegal —como ya lo hacía el narcotráfico— busca cobijo allí donde el Estado no llega con suficiente certeza; se expande y busca mantener el statu quo, lo cual puede ser conseguido a través de la corrupción de funcionarios públicos. La corrupción por mantener el flujo de la actividad ilegal, ya la hemos visto en la época del narcotráfico, y la estamos viendo otra vez con la minería ilegal. Por ejemplo, Valdés et al. (2019) abordan el caso del combustible, usado para las máquinas de la minería ilegal:

En 2018, en un hecho poco frecuente, dos oficiales de la Marina fueron investigados, acusados y condenados. En efecto, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios logró condenar a los oficiales a 6 años de cárcel por cobro de cupos a traficantes de combustible destinado a la minería no formal, que operan en el río Inambari (p. 88).

Esta corrupción genera, cual efecto dominó, propiciar y/o normalizar redes de corrupción dentro las instituciones estatales, lo cual debilitaba el poder y la autoridad del Estado, así como desconfianza de la sociedad hacia el Estado (Aragón & Ruiz, 2014). Este debilitamiento del poder y desconfianza hacia el Estado ocasiona otros impactos, la criminalidad asociada a la minería ilegal, gana aún más espacio. Al respecto, el Ministerio del Ambiente señala: “la proliferación de grupos de poder, con gran influencia en la región, y usan hasta armas y la fuerza para imponer sus actividades ilegales” (Brack et al., 2011, p. 68).

Precisamente, el informe del Ministerio del Ambiente, sobre el caso de Madre de Dios, el cual podría extrapolarse a cualquier otra región con minería ilegal, permitirá seguir explorando aún más los efectos adyacentes. En el documento se señala que el Gobierno Regional de Madre de Dios afronta un debilitamiento, “que no tiene la capacidad ni recursos para afrontar el problema y que hasta el año pasado estaba sujeto a presiones que favorecían a la minería ilegal” (Brack et al., p. 68), lo cual desencadena la pérdida del principio de autoridad. En ese contexto, la minería ilegal se establece y posiciona aún más en una zona que pierde presencia estatal; de aquí se desprenden otras dos situaciones comunes, señala el informe: La falta de intervención de la autoridad estatal responsable del cuidado de los ríos para evitar la contaminación y destrucción; y la pérdida de bosques, tierras agrícolas y la afectación de derechos otorgados por el Estado como las concesiones.

Cabe mencionar, además, acerca de los partidos políticos y movimientos regionales. Aquí es preciso ir con cautela, puesto que no hay muchos estudios empíricos en el Perú que demuestren el vínculo existente (o no) entre minería ilegal y partidos políticos/movimientos regionales. Sin embargo, no es descabellado pensar en un posible nexo, a partir de, por ejemplo, leyes aprobadas en el congreso, tal es el caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta entidad, busca formalizar a los mineros informales registrados, pero enfrenta desafíos como la baja tasa de formalización y vacíos legales que permiten ambigüedades en su aplicación. Brou (2019) analiza el caso de la minería “ilícita” en el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular para el año 2016. Este vínculo se produce justamente en Madre de Dios, a través del congresista Modesto Figueroa; otro caso es la firma del acuerdo entre Keiko Fujimori y mineros ilegales de Madre de Dios, comprometiéndose a derogar los decretos que promovían la formalización y determinaban la ilegalidad de sus actividades (Díaz, 2017, como se cita en Brou, 2019). Además, en el proyecto de Ley N° 1095/2016-CR, presentado por la congresista Alejandra Aramayo, se propuso eliminar las mineras ilícitas de la ley contra el crimen organizado, beneficiando así a este sector con la reducción de penas y multas (p. 92). Finalmente, para confirmar esa percepción de un posible vínculo, desde IPSOS en 2024, “7 de cada 10 peruanos creen que los recursos de esta actividad ilícita financiarán la próxima campaña electoral, mientras el 82 % denuncia su influencia en el Congreso y los Gobiernos regionales” (Diario Correo, 2025). Tampoco es descabellado pensar en este posible vínculo a raíz de la experiencia previa del narcotráfico, que se valió del nexo con el gobierno para posicionarse como economía ilegal predominante.

En conclusión, hay dos grandes grupos en las consecuencias del ámbito político: el debilitamiento del poder estatal en zonas de minería ilegal; y el potencial vínculo entre minería ilegal y partidos políticos. Las consecuencias de la minería ilegal en el ámbito político se nutren de la recolección de opiniones, artículos periodísticos y unos pocos estudios que recién empiezan a surgir en el ámbito académico. Sin embargo, esto no exime, por ejemplo, de estar abiertos a la posibilidad del vínculo entre partidos políticos y minería ilegal; o también de la certeza del debilitamiento del poder del Estado, allí donde el crimen organizado asociado a la minería ilegal ejercer mayor presión y demuestra mayor poder. Efectivamente hay un impacto severo hacia la fortaleza del Estado y de su capacidad, tanto a nivel del gobierno nacional y gobierno regional, nace así las zonas grises, liberadas –parcialmente– de la presencia del Estado; mientras que, por otro lado, solo el avance de las investigaciones nos revelaran si la hipótesis de que si existe un vínculo entre partidos políticos y minería ilegal es real, lo cual supondrá también un severo golpe en nuestro sistema de partidos y en la democracia de nuestro país.

Conclusiones

El presente ensayo confirma el impacto multidimensional negativo de la minería ilegal. Al respecto, se han abordado tres aspectos: social, ambiental y político. Como se ha visto, estos aspectos se relacionan entre sí, lo que ha generado —para los intereses de la minería ilegal— un círculo vicioso que permite continuidad e impunidad. En lo social, aspectos como la criminalidad, violencia y reconfiguración del tejido social comunal son los más preocupantes. En lo ambiental, la contaminación, el uso indiscriminado de mercurio y la afectación a la salud humana son los más destacados. Finalmente, a nivel político, lo más resaltante y preocupante es el debilitamiento del Estado y de su capacidad, dando espacio a las “zonas grises”, pero también incluye la normalización de corrupción, nexos con autoridades y presencia de la minería ilegal en partidos políticos.

Respecto a los hallazgos clave que se desprenden del análisis, se encuentran dos grupos: desde un espectro amplio y desde la cotidianidad.

En el espectro amplio se encuentra que la minería ilegal opera en zonas donde el Estado difícilmente está, ya sea a nivel de infraestructuras como de servidos públicos: pocas carreteras, pocos puentes; pocos representantes del gobierno (en sus tres niveles); en el caso de haber servidores públicos, la minería ilegal los suele corromper (principalmente a policías). Una vez corrompidos e involucrados los servidores públicos, la maquinaria de la minería ilegal empieza a trabajar con una considerable libertad e impunidad, trayendo consecuencias como el uso indiscriminado de mercurio que termina en ríos, agua de consumo humano y peces; dragas excavando los cimientos de cuerpos de agua; se vulneran derechos humanos y se intimidan y/o asesinan a defensores y líderes ambientales; y se afianza la ingobernabilidad y el crimen organizado transfronterizo asociado. El resultado de esto es una evidente incapacidad de afrontar el problema, como ya sucede en Madre de Dios con La Pampa, también Puno con La Rinconada y La Libertad con Pataz. Es muy probable que ocurra en Loreto con el río Nanay.

Por otro lado, hay un hallazgo interesante —quizá el más importante—, a partir de una lectura “entre líneas”, la minería ilegal está más presente de lo que pensamos en nuestra cotidianidad. La alta tasa de criminalidad en las ciudades, por sicariato, extorsiones, amenazas, etc., está muy presente en nuestro día a día. Estos actos de violencia ya no tienen como protagonista al delincuente o malhechor que solía atacar con arma blanca y por cuenta propia; actualmente, se ve casos de grupos criminales, organizaciones criminales, que cuentan con un arsenal poderoso de armas de fuego y con suficiente dinero como para vivir una vida de lujo. Y los nombres de estas organizaciones criminales son los mismos que escuchamos en las noticias relacionadas a la minería ilegal: El tren de Aragua, Los Pulpos, Los Injertos, entre otros. Entonces se evidencia allí el nexo de minería ilegal y crimen urbano; a partir de formar parte de la minería ilegal, se facilita el dinero, las armas y el personal. La alta criminalidad que vivimos en las ciudades, no es más que un efecto del principal problema que es la minería ilegal: la ingobernabilidad en zonas de minería ilegal y la expansión de organizaciones criminales, ambos hechos guardan una relación implícita.

En ese contexto, queda como reflexión que el problema de la minería ilegal no podrá ser afrontada con leyes, normas y decretos que solo representen un “papel”, es decir, un documento por sí solo no va a cambiar, por ejemplo, la ingobernabilidad afianzada en estas zonas; así como tampoco una ley va a erradicar el problema de la formalización de la minería. La problemática es amplia, entonces su solución deberá ser amplia también: se requiere un análisis estructural y multidimensional, un trabajo comprometido y que articule a los tres poderes del Estado y los tres niveles del gobierno, con un enfoque de integridad, interseccional e intercultural.

Para finalizar con la sección de conclusiones, las recomendaciones. Para el Estado: no caer en la conformidad y/o mediocridad de sólo aprobar decretos, leyes, normas, entre otros, porque la minería ilegal – como varias de las economías ilícitas – no se solucionan con un papel; la experiencia y voces de, por ejemplo, defensores ambientales ya nos alertan de que “un papel no detiene las balas”; afrontar el problema de la minería ilegal parte por un trabajo más amplio. Por otro lado, recomendaciones también para el sector académico: abordar más la minería ilegal, desde ensayos, artículos, investigaciones, etc., traer al centro de discusión a la minería ilegal y sus varias dimensiones de análisis; la minería ilegal, además de ser un tema interesante y novedoso en nuestro país, resulta imprescindible su análisis para comprender y pronosticar el devenir de nuestro país.