Introducción

El tema central de este artículo es la descripción histórico-conceptual del proceso mediante el cual los llamados “poderes indirectos” han logrado someter al poder soberano del Estado mediante el uso de la biopolítica. Así, a partir de la lectura de la obra de Carl Schmitt, se intentará dar cuenta del proceso de debilitamiento de la soberanía estatal llevado a cabo por los diferentes poderes indirectos. En segundo lugar, se recurrirá a la obra de Michel Foucault para explicar cómo el mercado y la biopolítica gubernamental se instalaron en el seno del propio poder estatal a fin de preparar el triunfo del totalitarismo y, luego, del neoliberalismo a escala planetaria. Finalmente, gracias a la obra de Giorgio Agamben, se estudiarán los orígenes teológicos y los alcances del fenómeno de la biopolítica.

Estado y poderes indirectos

Como se sabe, la doctrina de la soberanía surgió a comienzos de la modernidad con la obra de Jean Bodin. La noción de soberanía, planteada por primera vez por este autor, fue concebida como un poder absoluto enraizado en la figura del monarca, único representante de la voluntad divina, a partir del cual se derivaba la organización total del cuerpo político. El gran jurista angevino definió esta nueva categoría política en los siguientes términos: “la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república” (Bodin, 1985, p. 49).¹

¹ Bodin da una segunda definición de la soberanía en latín: maiestas est summa in cives ac subditos leguibusque soluta potestas, cuyo significado literal es: “la soberanía (majestad) es sumo poder, desligado de leyes, sobre los ciudadanos y los súbditos”.

Según la definición de Bodin, la soberanía está concebida como una sustancia en el seno del cuerpo social, cuya presencia permanente hace posible la actualización de la unidad política. Bodin nos indica que solo el derecho puede darle legitimidad al poder de una república. Si bien este ya está presente en la actividad de todo el cuerpo social, solo adquiere definición política cuando el derecho interviene en su constitución. De esta manera, se introduce en el cuerpo político la diferencia entre Estado y gobierno, es decir, entre representación y administración (Bodin, 1985, p. 94). El soberano posee el poder absoluto, pues representa a Dios y a la comunidad, pero los magistrados tienen en sus manos el poder sometido a las leyes y al propio soberano (Bodin, 1985, p. 142).

Con esta nueva doctrina, se consolidaría el absolutismo monárquico francés, que, desde la época de Carlomagno, había tendido a concentrar el poder en las manos del monarca. A fines de la Edad Media, luego de que, en el año 1075, el Papado, de la mano de Gregorio VII y su “revolución papal” (Berman, 1996, pp. 111-112), iniciara su enfrentamiento final contra el Imperio, Felipe IV “el Hermoso” hizo lo propio contra el papa Bonifacio VIII al reclamar para sí todos los poderes de las jurisdicciones religiosas existentes en el seno de su territorio (Jellinek, 2000, pp. 408-409).

De esta manera, la teoría de la soberanía, introducida por Bodin, triunfaba sobre la vieja doctrina de la plenitudo potestatis, creada por Gregorio VII y fortalecía el surgimiento del Estado (Scattola, 2008, pp. 60-61). Sin embargo, durante el siglo XVI, con la Contrarreforma nace una nueva formulación de esta doctrina, ofrecida por el cardenal Bellarmino, a través de la famosa teoría de la “potestad indirecta” (Scattola, 2008, p. 93). Precisamente, esta teoría será el origen del concepto de “poderes indirectos”, utilizado posteriormente por Carl Schmitt para describir a todas las organizaciones sociales que aspiran a controlar el Estado moderno, desde partidos políticos hasta lobbies y crimen organizado, pasando por sindicatos e iglesias (Schmitt, 2002).

Paralelamente al surgimiento del Estado, se desarrolló una nueva esfera de actividad humana que ocupó un lugar intermedio entre los ámbitos privado y público. En efecto, durante la Edad Media, gracias al cristianismo, se introdujo un nuevo ámbito que, en el mundo antiguo, nunca había existido, y al que Hannah Arendt identificó con lo que después recibiría el nombre de “sociedad”. Este nuevo ámbito combinaba aspectos de las esferas privada y pública, ya que, por un lado, estaba constituido por aquellas actividades que, en la Antigüedad, eran propias de la labor, es decir, de la administración del hogar, como la adquisición y producción de bienes o la alimentación, y, por otro lado, formaba parte del aparato de producción económica de la nueva estructura social (Arendt, 2009, pp. 48-39).

El espacio público se transformó así, con el predominio de la labor, en un mercado compuesto, ya no de personas que intercambian sus productos, sino de dueños de artículos de primera necesidad y valores de cambio. De esta manera, los propios seres laborantes se transformaron en vendedores de su propia fuerza de trabajo y, en consecuencia, ellos mismos se constituyeron como mercancías. Así, la realidad humana se transformó en un “mercado laborante” en el que los seres humanos eran tales solo en la medida en que cumplían la función específica de mercancía (Arendt, 2009, p. 180).

De esta manera, tanto la antigua familia como la antigua ciudad fueron absorbidas por el grupo social. A partir de ahora, la vita activa de la política será reemplazada por la “conducta social”, de manera que la vida en sociedad reprodujo la antigua estructura organizativa de la familia dominada por el padre, ahora proyectada en la figura del monarca y, luego, en la del Estado. Esta nueva forma de vida tuvo sus hitos en la sociedad absolutista del siglo XVIII, en la sociedad clasista del siglo XIX, y en la sociedad de masas del siglo XX. En esta última, la esfera de lo social, tras varios siglos de desarrollo, alcanzó el punto máximo desde el que se pudo controlar a todos los miembros de la sociedad (Arendt, 2009, pp. 51-52).

Es a partir de la oposición entre el poder económico del mercado y el poder político de la soberanía que Carl Schmitt reinterpreta el problema de la soberanía. Partiendo de Bodin, Schmitt hace un giro decisivo, pues lo importante no es el poder en sí mismo, sino su efectividad sobre las circunstancias, puesto que un poder que no sea efectivo no implica realmente soberanía y carece, al mismo tiempo, de legitimidad. Esta efectividad solo se hace patente a través de un dispositivo que Schmitt identifica con el concepto de decisión. Así, en el primer capítulo de su Teología Política (1922), Schmitt (2009) enuncia una frase ahora famosa: “soberano es quien decide sobre el estado de excepción” (p. 13).

Schmitt comprobó que la soberanía solo podía actualizarse en las situaciones de excepción, ya que el mundo de la técnica y la economía habían reemplazado al ethos jurídico del Estado. Según Schmitt, el orden jurídico está constituido de dos elementos fundamentales: la norma y la decisión. En situaciones comunes, la norma se aplica mediante la subsunción de la decisión del magistrado en ella; sin embargo, en situaciones excepcionales, se subsume en la decisión, de manera que todo el orden jurídico queda en manos de la autoridad (Schmitt, 2009, p. 32).

En el caso específico del orden constitucional, si la situación es excepcional, el soberano tiene el deber de eliminar esta situación; sin embargo, solo puede hacerlo mediante la suspensión total del orden normativo, puesto que las normas se han vuelto inútiles en una situación de necesidad. Solo queda la decisión del soberano de que, por lo demás, sigue teniendo valor jurídico, ya que su ejercicio no es el resultado de un capricho particular suyo (Schmitt, 2009, p. 17).

De esta manera, según Schmitt, el poder absoluto del Estado solo podía ser ejercido realmente en los momentos de grandes crisis políticas, las que requerían para su resolución del establecimiento de un régimen de excepción cristalizado en una dictadura (Portinaro, 2022, pp. 37-38).

Schmitt había llegado a esta conclusión gracias a sus estudios teológico-políticos acerca del desarrollo de la soberanía a lo largo de la modernidad. Así, la soberanía había experimentado un progresivo debilitamiento desde el momento en que los “poderes indirectos” de la sociedad iniciaron el proceso de colonización y consiguiente neutralización política del poder estatal (Schmitt, 2002, p. 75).

Este proceso de neutralización política tuvo cuatro grandes etapas, en cada una de las cuales la soberanía estuvo en manos de distintos titulares según las diferentes formas de gobierno. Así, durante el absolutismo, la soberanía recayó en las manos del monarca y tuvo su fundamento teológico en el teísmo; luego, con el advenimiento del constitucionalismo, la soberanía se dividió entre el monarca constitucional y el parlamento, y tuvo su fundamento teológico en el deísmo; después, con la llegada del periodo republicano, la soberanía fue ejercida por la asamblea popular y tuvo su fundamento teológico en el panteísmo; finalmente, con la llegada de los socialismos en el siglo XIX, la soberanía fue concebida de manera negativa por el anarquismo y fundamentada antiteológicamente en el ateísmo (Schmitt, 2009, pp. 45-47).²

² Cf. Teología política (Schmitt, 2009, pp. 45-47).

A su vez, el proceso histórico por el cual cada una de estas formas de gobierno se sucedieron unas a otras fue el resultado del predominio de una concepción del mundo, correspondiente a cada esfera de la sociedad, sobre las otras. De esta manera, durante el absolutismo, el proceso de la civilización se desarrolló entre los límites de la teología y el Derecho; durante la monarquía constitucional, entre el Derecho y la moral; durante la república, entre la moral y la economía; y, finalmente, durante la era del socialismo, entre la economía y la técnica (Bissiato, 2022, pp. 227-228).

En efecto, durante la época en la que la dimensión teológica constituyó el centro de la civilización, las diferencias religiosas entre los nacientes Estados se constituyeron en el centro de la realidad política. Cuando se consolidó, a través de la dimensión jurídica, la realidad del Estado fue la lucha por el Derecho la que sobrevino como disputa de carácter político. En el momento en que se impuso el punto de vista moral, la virtud y la educación aparecieron como referentes de esta lucha. Finalmente, en el contexto del triunfo de la economía, la disputa se trasladó al ámbito de la producción y distribución de bienes en el conflicto entre capital y trabajo (Schmitt, 1991, p. 114).

La lucha desatada por las distintas fuerzas sociales en pos de la captura del poder será considerada por Schmitt no solo un síntoma de descomposición del Estado como institución, sino de su existencia específica como ente político (Schmitt, 1991, p. 100). Sin embargo, ahora, a diferencia del liberalismo clásico original, el Estado no será simplemente despolitizado y limitado, sino que ampliará su red de influencia a ámbitos no políticos eventualmente controlados por las distintas fuerzas sociales que lo han colonizado. De esta manera, la descomposición del Estado consistirá paradójicamente en su crecimiento desmedido. Schmitt describe esta situación política como “Estado total” (Masip de la Rosa, 2016, p. 38).

De esta manera, los nuevos “poderes indirectos”, encarnados en los partidos políticos, sindicatos, empresas, grupos de presión, lobbies o mafias, fueron instrumentalizando al Estado para sus propios fines particulares. Este proceso llegó a su fase más extrema luego de la Primera Guerra Mundial cuando surgieron los grandes movimientos de masas, como el fascismo, el bolchevismo, y el nazismo, los cuales, a pesar de representar solo a una parte de la sociedad, aspiraban a controlar totalmente el Estado. Se produjo así una mutación radical que transformó la vieja sociedad oligárquica del siglo XIX en la nueva sociedad de masas del siglo XX (Schmitt, 2002, pp. 75-76).

Para explicar la nueva situación del Estado, Schmitt acuñó el concepto de “estado total cuantitativo”. En esta nueva situación política, los partidos políticos de la sociedad pluralista aspiraban a controlar el Estado de manera total. Aunque no representaban a la totalidad de la población; sin embargo, su ideología tenía tales pretensiones. El problema es que todos los partidos estaban movidos por la misma intencionalidad totalizadora, de manera que la lucha entre ellos era inevitable. Así, se iniciaba un proceso que irremediablemente conducirá a la guerra civil (Masip de la Rosa, 2016, p. 40).

Mercado y control de la vida

Los “poderes indirectos” descritos por Schmitt no habrían podido controlar el Estado si no hubieran existido, al interior de la propia estructura estatal, los espacios que les permitieron su propio desarrollo. En este sentido, uno de los aportes más notables de Michel Foucault al pensamiento contemporáneo ha sido el estudio del fenómeno del poder desde el punto de vista de tales espacios.

En efecto, a diferencia de los teóricos de la soberanía estatal, el filósofo francés optó por enfocar sus investigaciones en lo que más tarde llamaría “microfísica del poder”. Desde esta perspectiva, Foucault trataba de estudiar las manifestaciones del poder ya no a nivel del Estado y sus instituciones constitutivas, sino de sus extensiones sociales, especialmente de aquellas que habían sido implementadas con fines de dominación a través de mecanismos de control educativo, policiaco y médico (Foucault, 2000, p. 42).

Gracias al estudio de estos mecanismos, Foucault descubrió una nueva forma de organización del poder oculta en el seno de las propias instituciones estatales que, a diferencia de estas, no tenía como objetivo implementar, mediante la administración pública, la riqueza ni el control social, sino controlar el cuerpo individual de los seres humanos. Esta nueva forma de poder habría surgido entre los siglos XVII y XVIII como reacción a la doctrina jurídico-política de la soberanía desarrollada por el absolutismo y heredada por los teóricos republicanos de la Revolución Francesa. Sin duda alguna, esta nueva forma de organizar el poder era el correlato necesario para el desarrollo del capitalismo industrial de la sociedad burguesa (Foucault, 2000, p. 44).

Según Foucault, en la civilización occidental moderna, el poder fue el resultado de la tensión entre una institución centralizada y un conjunto de mecanismos esparcidos en el seno de la sociedad, cuyo origen se remonta al combate entre los monarcas y los poderes medievales. El triunfo de la monarquía sobre tales poderes se debió fundamentalmente al uso sistemático del derecho que reemplazó progresivamente a las instituciones, costumbres y reglamentos feudales. Así, en lugar de la guerra civil, que era la forma privada de resolver los litigios, la monarquía creó leyes a través de las cuales el monarca resolvía tales disputas (Foucault, 2014, p. 53).

De esta manera, la monarquía absoluta introdujo una manera de gobernar que los historiadores han llamado “razón de Estado”. Esta forma de gobierno parte del hecho de que el Estado es un ser individual con vida propia y, en tal sentido, necesita desarrollar sus capacidades propias. Tales capacidades se encuentran determinadas por una serie de factores como el territorio, la historia, la moral, la cultura, etc., las cuales forman parte de su identidad individual. Por este motivo, la “razón de Estado” tiene como objetivo realizar, de la manera más adecuada posible, los objetivos intrínsecos del Estado, de manera que el gobernante debe conocer a profundidad su naturaleza, tanto a nivel de los medios que permiten satisfacer sus necesidades materiales como a nivel de aquellos instrumentos que sirven a la realización de sus finalidades espirituales (Meinecke, 2014, pp. 3-4).

Según Foucault, la “razón de Estado” se materializó especialmente en tres actividades: el mercantilismo, el control policial y la guerra. El mercantilismo, en cuanto organización de la producción y de los circuitos comerciales, tenía como objetivo el enriquecimiento del Estado mediante la acumulación monetaria, el crecimiento de la población y la competencia con los Estados vecinos. El control policial, en cuanto gestión interna, implicaba la reglamentación indefinida del país según el modelo de la organización urbana. Finalmente, la guerra, en cuanto gestión externa, implicaba la constitución de un ejército y de una diplomacia permanentes que permitieran mantener la soberanía estatal frente a cualquier agresión imperial (Foucault, 2007, pp. 20-21).

De esta manera, desde el siglo XVII hasta inicios del siglo XVIII, coexistirá la doctrina de la soberanía estatal con un conjunto de normas disciplinarias, a partir de las cuales se gobierna. La articulación de estas dos formas de poder hizo posible lo que después Foucault llamará “sociedad de normalización”, es decir, aquella sociedad en la que las normas coercitivas colonizan³ progresivamente el Derecho Público estatal. Foucault denominó a esta nueva forma de poder “poder disciplinario” (Foucault, 2000, p. 46).

El “poder disciplinario” será así aquella tecnología de poder mediante la cual se logrará controlar de manera absoluta a cada individuo a través de su corporalidad. Se trata de una suerte de “anatomopolítica” que permite vigilar y controlar la conducta y las aptitudes de los individuos con la finalidad de lograr la intensificación de su rendimiento y sus capacidades en función de la utilidad. Si bien no son las únicas, Foucault va a poner como ejemplo de esta tecnología de poder al ejército y a la escuela, instituciones en las que los individuos son “perfeccionados” (Foucault, 2014, p. 57).

³ Es importante destacar que, para referirse a los “poderes disciplinarios” que toman por asalto al Estado, Foucault utiliza el mismo término que utiliza Schmitt para referirse a los “poderes indirectos”: colonización.

A la sombra del poder monárquico, las viejas formas feudales de poder dieron paso a otras nuevas. Es la burguesía la que se beneficiará de la lucha de la monarquía contra los poderes feudales, apropiándose precisamente del derecho para dar forma a los intercambios comerciales que le permitirían asegurar su propio desarrollo social. De esta manera, durante casi dos siglos, hubo una convivencia entre la monarquía y la burguesía gracias al derecho, que daba legitimidad tanto al poder político del rey como a la actividad económica burguesa (Foucault, 2014, p. 54).

Para poder mantener su existencia, la nueva forma de poder, en lugar de enfrentarse directamente contra el Estado, se adaptó con facilidad a la teoría de la soberanía estatal instituida por la legislación con la finalidad de introducir en la dinámica social una nueva manera de gestionar la economía. Así, el desarrollo económico de la burguesía hizo necesario que el Estado creara una nueva manera de gobernar, basada, ya no en el mercantilismo, sino en el fisiocratismo. El resultado de este cambio fue la aparición de la economía política (Foucault, 2007, p. 30).

De esta manera, lo que antes era mera acumulación de riqueza, a través de la expoliación y el cobro de impuestos, se racionalizó en función a un sistema de cálculo que liberalizó la circulación de bienes. Así, el “sistema disciplinario” dio paso a un “sistema de seguridad”, que ya no consistió en obligar o prohibir determinadas situaciones, sino en dejar que estas se produzcan hasta un momento determinado, aprovechando, en función a la totalidad del proceso de producción, los efectos negativos que la tecnología disciplinaria pretendía evitar (Foucault, 2006, pp. 66-67).

Así, a partir de esta nueva manera de afrontar la circulación de bienes, a mediados del siglo XVIII, surgió una nueva forma de poder que Foucault llamará “biopoder” y, a su correlato práctico, “biopolítica”. Desde este punto de vista, el control sobre los cuerpos individuales, introducido por el “poder disciplinario”, habría preparado el advenimiento del control, ya no del cuerpo de los individuos, sino de su vida. Así, la “biopolítica” será aquella tecnología de poder mediante la cual se buscará controlar los procesos vitales de la especie humana, como son el nacimiento, la reproducción, la enfermedad, la muerte, etc. De esta manera, se produce una evolución desde un tipo de control anatómico, en el que el poder se cristaliza individualmente, a un tipo de control biológico, en el que el poder se instituye a través de un proceso de masificación de la especie humana (Foucault, 2000, p. 220).

Según Foucault, la “biopolítica” tendrá cuatro campos de intervención a través del control desarrollado por la higiene pública: control de la natalidad, manejo de la morbilidad, racionalización de las anomalías y consideración del medio ambiente sobre las personas. A través de estos cuatro campos, la “biopolítica” ya no tiene por objeto la sociedad, como era el caso de la teoría del derecho, ni el individuo y su cuerpo, como ocurría con los “poderes disciplinarios”, sino la totalidad de los miembros de una comunidad. Por tal razón, Foucault sostiene que el verdadero objeto de la “biopolítica” es un nuevo actor colectivo: la población. (Foucault, 2000, p. 222).

De esta manera, a fines del siglo XVIII, al lado del control disciplinario, enfocado en la manipulación de los cuerpos individuales, se instaura el control biopolítico, dirigido a la manipulación de la vida de toda la población. En cierto sentido, ambos tipos de tecnología terminarán por complementarse, puesto que cada una de ellas tendrá como objetivo controlar un aspecto de la realidad humana, debido al fracaso del poder jurídico de la soberanía respecto tanto del control individual como del colectivo (Foucault, 2000, p. 226).

Así, el poder soberano dejará paso al poder disciplinario de la “anatomopolítica” y, este, al poder regulador de la “biopolítica”. En tal sentido, el poder deja de ser eminentemente jurídico, pues ahora debe tratar con cosas materiales como los cuerpos de los individuos y la vida de la población con la finalidad de hacerlos productivos y utilizables (Foucault, 2014, pp. 59-60).

Por ello, a lo largo de todo el siglo XIX, época de apogeo del liberalismo y del capitalismo industrial, el poder político, cristalizado originariamente en la soberanía jurídico-política del Estado, se articulará, por un lado, con el poder disciplinario de las instituciones enraizadas en la sociedad, cristalizado especialmente en el colegio, el hospital, el taller o el cuartel, y, por otro lado, con el poder biológico de nuevos órganos estatales, cristalizado en la administración de seguros médicos, cajas de ahorro o sistemas de escolaridad gratuita. De esta manera, alrededor de la vieja soberanía jurídica del Estado, surgirán mecanismos disciplinarios específicos y mecanismos reguladores generales (Foucault, 2000, pp. 226-227).

En consecuencia, el Estado ha terminado por controlar la vida misma, es decir, se ha transformado en un biopoder. En tal sentido, si la antigua soberanía jurídica del Estado no era otra cosa que un tipo de poder sobre la muerte, el nuevo poder biológico será una forma de poder sobre la vida. En este sentido, el Estado tendrá, desde ahora, dos posibilidades para actualizar su poder: recurrir a la soberanía a través de la guerra y la muerte o recurrir al biopoder a través de la fabricación de lo vivo (Foucault, 2000, pp. 229-230).

A comienzos del siglo XX, la soberanía y el biopoder terminarán por identificarse plenamente, y se prepara el advenimiento de los diferentes totalitarismos. Sin embargo, esta identificación entre ambas formas de poder no surgió de la nada, sino del desarrollo desproporcionado del aparato estatal debido precisamente a las exigencias de los poderes disciplinarios esparcidos en la sociedad. En efecto, el biopoder es la respuesta estatal que los nuevos “poderes indirectos” van a utilizar para colonizar el Estado (Esposito, 2021).

El fenómeno que servirá de eje para identificar ambas formas de poder será el racismo, fenómeno que los nazis llevarán a su máxima expresión. A diferencia del racismo clásico, basado en la exclusión social de un grupo étnico minoritario, la particularidad del racismo del siglo XX consistirá en ser un mecanismo de control del Estado. A través del racismo, el Estado podrá ejercer simultáneamente las dos funciones opuestas de matar y dar la vida, funciones que los primeros Estados colonialistas aplicaron con éxito y que los nazis y los bolcheviques llevaron hasta el paroxismo (Foucault, 2000, p. 230).

Por su lado, el actual capitalismo neoliberal actúa de manera semejante en función a sus propios objetivos biopolítico-económicos. En efecto, luego de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, reapareció potenciado el gran absoluto del primer liberalismo: el mercado. Sin embargo, el nuevo liberalismo ya no necesitaba defender las libertades individuales, sino subordinarlas al biopoder del mercado. A diferencia del liberalismo de Adam Smith, el neoliberalismo no planteaba la necesidad de hacer un lugar al mercado frente al Estado, sino, más bien, la de “ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado” (Foucault, 2007, p. 157).

El neoliberalismo proclamó la caducidad de la soberanía estatal, porque propiamente no existe un “soberano económico”. El mercado, en cuanto “mano invisible”, es, por naturaleza, anárquico y antisoberano, pues no solo pone en cuestión el ordenamiento jurídico del Estado de derecho, sino, como consecuencia de ello, la realidad misma del sujeto de derecho. En tal sentido, así como el mercado reemplaza al Estado, el homo oeconomicus reemplaza al sujeto de derecho, lo que reduce al individuo a una dimensión meramente económica (Foucault, 2007, pp. 326-327).

Al subordinar la soberanía estatal al mercado, el neoliberalismo fue más allá del planteamiento biopolítico nazi, pues logró que los mecanismos biopolíticos de control de la población fueran desarrollados según la racionalidad económica del mercado. Al transformarse en un agente del mercado, el Estado traspasó sus responsabilidades al sector empresarial, de suerte que el biopoder dejó de ser parte de las políticas públicas. A partir de ahora, la fabricación y el control de la vida serán el objetivo fundamental de las altas gerencias privadas, de manera que, gracias al mercado, el biopoder fue promovido a escala mundial a través de las nuevas tecnologías de trabajo y consumo implementadas paradójicamente por el propio Estado (Foucault, 2007, p. 365).

Gobierno y administración de la muerte

La Italian theory ha sacudido al mundo intelectual actual al haber rehabilitado a uno de los autores más temidos por la idiosincrasia liberal. En efecto, después de Heidegger, Carl Schmitt ha sido el autor más demonizado por la inteligencia liberal occidental. Sin embargo, se le debe a Giorgio Agamben, uno de los mayores exponentes de esta corriente filosófica, haber vinculado en una misma problemática teórica a Carl Schmitt y a Michel Foucault (Treiber & Christiaens, 2021).

El gran descubrimiento de Agamben ha sido lo que él ha denominado la vita nuda (vida desnuda). Se trata de la esencia de la condición humana en los tiempos de la máxima expansión del biopoder. La manifestación jurídico-política de esta nueva humanidad es precisamente la “absolutización del estado de excepción”. En efecto, el estado de excepción teorizado por Schmitt se ha integrado por completo a la normalidad, de manera que el Estado lo ha transformado en un acto jurídico ordinario. Esto significa que ya no existe una distinción real entre norma y excepción, puesto que, en cualquier momento y por cualquier motivo, el Estado puede actuar de manera “excepcional” suspendiendo las normas sin requerir una situación de necesidad real (Agamben, 1998).

Según Agamben, esta integración de la excepción en la norma se produjo a partir del holocausto judío perpetrado por los nazis mediante la creación de los campos de concentración. En efecto, durante la dictadura nazi, las decisiones de Hitler se transformaron en la fuente del orden jurídico alemán, de suerte que las normas ya no tenían, en la administración estatal, las mismas funciones para las que fueron creadas. En este sentido, el fundamento jurídico para la creación de los campos de concentración tendría como fundamento una interpretación sui generis del estado de excepción (Agamben, 1998, p. 213).

Esta manera de proceder se habría instalado en la praxis política contemporánea, introduciendo una nueva concepción de la soberanía y de la excepción. A diferencia de la interpretación clásica del estado de excepción recogida por Schmitt, cuya finalidad fundamental era resolver perentoriamente la descomposición de la unidad política estatal, sea bajo la forma de una “dictadura comisarial” o de una “dictadura soberana”, los juristas nazis introdujeron una variante conceptual completamente nueva a la que denominaron “estado de excepción deseado” (einen gewollten Ausnahmezustand ) (Agamben, 1998, p. 214).

Sin embargo, a despecho de Agamben, hay que decir que la variante nazi del estado de excepción ya no puede considerarse un ejercicio de la “soberanía estatal”, puesto que esta ha dejado de pertenecer al Estado para pasar a formar parte del interés concreto de uno de aquellos “poderes indirectos” que aparecieron durante la República de Weimar, es decir, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP). En este sentido, si los nazis instrumentalizaron el Estado para sus fines biopolítico-raciales, absolutizando simultáneamente el poder soberano de matar y la creación biopolítica de la vida, lo hicieron a través del debilitamiento progresivo de la soberanía estatal, no de su fortalecimiento (Benente, 2019, p. 220).

De esta manera, se instaló lo que Agamben, siguiendo a Foucault, ha llamado gobierno o administración, como una nueva “forma política” subordinada al biopoder empresarial, en la que la economía o administración del poder estatal somete a la soberanía jurídico- política del mismo. Por sorprendente que parezca, la forma política, al ser debilitada por los “poderes indirectos” a través del ejercicio de los mecanismos disciplinarios, es neutralizada y reemplazada por la instancia administrativa en favor del biopoder del mercado (Saidel, 2018).

Con todo, el apogeo actual de la biopolítica no es casual. Como Agamben ha mostrado, la tensión, en el seno del propio poder, entre la soberanía y la administración, ha existido desde siempre en las organizaciones políticas de Occidente. En el imperio romano, esta tensión se expresó en la polaridad auctoritas-potestas; en el imperio medieval, en la polaridad reino-gobierno; y, en el seno de la Iglesia, en la polaridad gloria-economía. Así, la dualidad de formas que el poder asume en el Occidente latino es, en realidad, expresión de la estructura del propio poder político (Agamben, 2008, p. 10).

Por tal razón, a partir de estas dos instancias, se han podido erigir dos paradigmas opuestos del poder, aunque funcionales y complementarios que, en el inicio del cristianismo, se han decantado hacia dos tipos de teología: la teología política, que funda en el Dios monoteísta la trascendencia del poder soberano; y la teología económica, que funda en la “economía divina” un orden inmanente a la vida humana. Del primer paradigma, derivan la filosofía política y la soberanía; del segundo, la biopolítica y la administración (Agamben, 2008, p. 13).

Durante la Edad Media, la tensión entre el Imperio y la Iglesia fue la expresión palmaria de la oposición y complementariedad simultánea de ambos paradigmas. Esta tensión dio como resultado la aparición de tres soluciones teóricas que intentaron resolverla: la doctrina oriental de Eusebio de Cesárea, que subsumía la Iglesia en el Imperio; la doctrina occidental de Agustín de Hipona, que, al contrario, subsumía el Imperio en la Iglesia; y, finalmente, la doctrina de las dos espadas de Gelasio I, que mantenía un cierto equilibrio entre ambas (Scattola, 2008, pp. 42-43). Esta última doctrina tenía a su vez tres planteamientos: el predominio de la Iglesia sobre el Imperio, el predominio del Imperio sobre la Iglesia, y la autonomía de ambas instituciones (Agamben, 2008, p. 54).

Paradójicamente, fue la propia Iglesia la que inicia el proceso de destrucción del vínculo entre ambos paradigmas, pues poco tiempo después del Gran Cisma de Oriente, en 1075, la “revolución papal” de Gregorio VII transformó al obispo de Roma en cabeza de la Iglesia occidental, y separó, jurídica y políticamente, a la Iglesia de los poderes seculares. Por si fuera poco, Gregorio VII proclamó en su Dictatus papae la supremacía legal del Papa sobre todos los cristianos y la supremacía del clero sobre todas las autoridades seculares (Berman, 1996, p. 104).

Con este giro, la Iglesia tomó la forma de un proto-Estado gracias al uso y sistematización del Derecho Canónico, que comenzó a secularizarse en cuanto la Iglesia interactuaba con la vida de la sociedad. La Iglesia se transformó en una teocracia, de manera que el poder espiritual comenzó a regir políticamente sobre el poder secular. El orden jurídico medieval se organizó alrededor de un único Derecho sagrado, que generó una multiplicidad de reglamentos jurídicos ligados al mundo secular (Prodi, 2008, pp. 99-100).

El paso decisivo en el proceso de secularización fue llevado a cabo por Thomas Hobbes. En su obra, no solo se describe la nueva realidad del Estado, sino que se establecen los fundamentos teóricos de la nueva teoría política. A diferencia de la teología política medieval que le había precedido, Hobbes fusionó el orden espiritual de la Iglesia con el orden temporal del Estado y, en su lugar, apareció una única institución. Debido al proceso de secularización que trajo consigo la separación entre el Estado y la Iglesia, durante la época moderna, la tensión entre ambos paradigmas comenzó a desaparecer y se subsumió la administración en la soberanía (Scattola, 2008, pp. 111-112).

Así, nacieron las grandes monarquías administrativas derivadas de las posturas absolutistas. La misma tendencia aparecerá en las posturas antimonárquicas de los monarcomacos protestantes, en la de los regicidas católicos, y en la de los protestantes monárquicos. En el siglo XVIII, aparecerá el mismo fenómeno en los planteamientos liberales, en los que la soberanía se divide entre el monarca y el parlamento, como en el republicanismo de Rousseau, quien le otorgará la titularidad de la soberanía a la asamblea popular. En todos estos casos, la soberanía extenderá su majestad a la administración de la totalidad del cuerpo social (Foucault, 2000, pp. 42-43).

Contra esta subsunción, el paradigma económico reclamará sus derechos ya no en el seno del Estado, sino en la sociedad. Reaparece entonces en el ámbito de la producción de bienes, lo que forzará al aparato estatal al dejar de lado su antigua función legal asociada a la soberanía. De esta manera, como sostiene Agamben reinterpretando a Foucault, se origina, en el seno del Estado, una nueva forma de ejercer el poder a través de la “economía política”, que recibirá el nombre de gubernamentalidad (Agamben, 2008, p. 195).

La nueva forma de poder asimiló las modalidades previas de ejercicio del poder. Así, al lado del sistema legal, correspondiente al modelo del Estado soberano territorial definido a través de un código de normas que opone lo que está prohibido a lo que está permitido y establece un sistema de penas, surgen los “poderes disciplinarios” que aseguran, a través de instituciones como el cuartel, la escuela y el taller, el control de los individuos a partir de sus cuerpos, perfeccionando sus habilidades para ponerlas al servicio de la producción económica, y, posteriormente, la “biopolítica”, que asegura, a través de la seguridad social, la estadística y la implementación de programas médicos (Agamben, 2008, pp. 193-194).

El efecto contradictorio del biopoder es pasar de la administración de la vida a la administración de la muerte. Si, en su origen, el biopoder tenía como objetivo crear y administrar la vida como contrapunto al poder soberano; con el neoliberalismo, debido precisamente a la falta de límites en su ejercicio, el biopoder ya no puede crear ni administrar la vida, sino al precio de destruirla. En efecto, si los nazis crearon y administraron la vida del pueblo alemán a costa de la muerte de miles de otros pueblos, el biopoder empresarial va muchos más allá, pues exige la creación y la administración de la vida de toda la especie humana. Debido a que esto es en principio imposible, es necesaria la creación y la administración de un nuevo tipo de vida que, en realidad, no es otra cosa que una forma soterrada de muerte.

Conclusiones

1. El proceso histórico por el cual los llamados “poderes indirectos” han logrado someter al poder soberano del Estado mediante el uso de la biopolítica tiene sus precedentes más recientes en el totalitarismo, especialmente el nazi, puesto que, a diferencia de lo que se cree, en los totalitarismos, la soberanía del Estado no es reforzada, sino, más bien, debilitada e instrumentalizada en favor de la expansión ilimitada del poder de un partido político monocrático. De esta manera, la “forma de gobierno” pierde su función administrativa original y reemplaza progresivamente a la “forma política” que, en el caso del mundo moderno occidental, es encarnada solo por el Estado. El desarrollo de esta “inversión” de funciones tiene su origen más lejano en la oposición y coexistencia del paradigma teológico-político de la soberanía y del paradigma teológico-económico del gobierno, introducido por la doctrina cristiana de la “economía divina”, pero adquiere su aspecto propiamente moderno con la subsunción progresiva de la función política en la función administrativa, como ocurre hacia los siglos XVII y XVIII con la aparición de la “economía política”.

2. Para explicar la naturaleza de estos poderes, puede trazarse una misma línea conceptual que atraviesa los planteamientos de Schmitt, Foucault y Agamben sobre el Estado, el mercado y el gobierno respectivamente. Schmitt había adelantado esta tesis cuando introdujo el concepto de “Estado total cuantitativo” para hablar tanto de los Estados totalitarios como de los Estados demoliberales que aspiraban a controlar el Estado y que constituían los nuevos “poderes indirectos”. Foucault, por su parte, ha mostrado claramente el origen de la biopolítica en la concepción liberal de la “economía política” del pensamiento fisiócrata, que alcanza su máximo desarrollo y plenitud precisamente con el nacionalsocialismo alemán y sus epígonos neoliberales. Finalmente, Agamben ha establecido que la innovación jurídica del nacionalsocialismo respecto del “estado de excepción” ha servido como plataforma para la instauración del mercado y de la biopolítica como principios del nuevo gobierno político a escala planetaria.